Aguaje, Cuellos de botella

MARCO NORMATIVO Y SU INFLUENCIA.

El marco normativo, tal como se ha venido exponiendo en otros acápites del presente estudio, se considera como el principal obstáculo para el desarrollo de la cadena productiva del aguaje. Es el causante de que casi toda la cadena se desarrolle actualmente en total informalidad.

En la etapa de producción rural, la ley forestal impone condiciones tales para el acceso al recurso, que los productores no están en capacidad de cumplir con ellas, por su alto costo. Por ejemplo, las concesiones de aprovechamiento de productos forestales no maderables se otorgan previa aprobación de un plan de manejo que exige la realización de inventarios y la firma de un ingeniero registrado, además de un estudio de impacto ambiental, sin contar con que los trámites se deben realizar en las sedes administrativas (lo que implica continuos viajes de los representantes legales) y que hay que pagar tarifas para que se realicen los trámites, además de los pagos por adelantado de los derechos de aprovechamiento. Todo ello pone fuera del alcance de los productores individuales o aún de las comunidades poder obtener una concesión por medios formales.

Aún tratándose de recursos que se encuentran en los territorios comunales, el marco normativo exige para el otorgamiento de permisos casi las mismas condiciones que para las concesiones. Lo mismo ocurre con las autorizaciones. Se han dado casos, como el de Parinari, en que contando con un fuerte apoyo del programa Pacaya Samiria, después de tres años todavía no conseguían la autorización respectiva. No se requiere de mucha imaginación para darse cuenta de la situación de los cientos de comunidades que no cuentan con el apoyo de entidades internacionales.

Para completar el panorama, cabe mencionar que el INRENA no cuenta con términos de referencia específicos para el aguaje y es conocido que en la administración pública todo se paraliza cuando hay vacíos legales. El resultado es que toda la producción rural se realiza en la informalidad. Un resultado adicional es que los productores pierden poder de negociación, al querer vender un producto que gracias al marco normativo es ilegal, y, en consecuencia, se encuentran atrapados en un esquema asimétrico de relaciones con los compradores.

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